La noticia del día

25 01 2006
EL diario ABC, que por cierto no me gusta nada, comenta en titulares:
 
Rajoy reclama que el Estatuto catalán se someta a consulta de «todos los españoles»
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El líder del PP dice que el texto del tripartito es el acontecimiento «político más crucial desde la Transición porque debatimos sobre lo que es España»
 
Considera que la última propuesta de Estatuto, pactada entre parte del cuatripartito y el Gobierno, constituye un «enorme error» sobre el que el conjunto de los ciudadanos españoles, y no sólo los catalanes, tiene derecho a manifestarse.
Así, anunció que su partido promoverá una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, mediante la recogida masiva de firmas, reclamará que se convoque un referéndum para el conjunto del Estado por entender que el Estatuto, aunque algo rebajado, mantiene su pretensión de cambiar el modelo de Estado, aspecto éste que debería, a su juicio, ser sometido a consulta. «Voy a pedir a los españoles que demanden intervenir», señaló el líder del PP para el que el nuevo Estatuto catalán constituye el acontecimiento «político más crucial, más importante desde la Transición, porque debatimos sobre lo que es España». Rajoy vino a comparar el texto catalán con el plan Ibarretxe, con la «virtud» de que el segundo «era más claro, más contundente» sobre sus pretensiones territoriales que el promovido por el socialista Pasqual Maragall.

Tras asegurar que se consagra subrepticiamente un modelo confederal, apostó por recoger «varios millones de firmas» de ciudadanos que quieran opinar sobre el modelo territorial de su país y destacó que no pondría objeción en que se celebre al tiempo que el referéndum en Cataluña.

Además de esta proposición de ley, el PP también reclamará una reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional, de modo que se reinstaure el recurso previo de inconstitucionalidad. En este sentido, Rajoy reclamó que los ciudadanos catalanes no pueden ser consultados en las urnas antes de que se pronuncie el alto Tribunal sobre la constitucionalidad del texto.

«No es un pasaporte para la estabilidad de las instituciones», comentó el líder del PP sobre el Estatuto, para poner el acento en que aún faltan por cerrar cuestiones como la financiación autonómica, las relaciones laborales o la unidad de mercado. A su juicio, la solución «sólo pasa por llegar a un acuerdo con el PP» y dijo estar dispuesto a acudir a Moncloa si José Luis Rodríguez Zapatero le reclama. Iniciativa que, en ningún caso, partirá de él.

Modelo «letal»

Rajoy, que realizó estos anuncios durante un desayuno organizado por el Fórum Europa de la Nueva Economía, admitió que le resultaría «más fácil» callar, pero, muy al contrario, dijo, «voy a seguir defendiendo mi posición con buena fe» frente a lo que calificó de proceso paulatino de «debilitamiento» del Estado.

Así, afirmó que siendo importante el modelo de financiación autonómica -«letal» para las Comunidades menos ricas, dijo-, destacó como prioritarios la relación bilateral Gobierno-Generalitat, que pretende un diálogo de «igual a igual», la «liquidación» de la legislación básica del Estado, el capítulo de derechos y deberes, que ya consagra la norma común que es la Constitución, el intervencionismo económico, la ruptura de la unidad de mercado o las exigencias respecto a la lengua.

Interrogado sobre el papel del Rey en este debate, reclamó que «el Monarca hace su papel muy bien y con el pleno respaldo de la gran mayoría de la sociedad española». Preocupación es el sentir mayoritario que dice percibir entre «gente importante» que le ha pedido que el PP intente rebajar un texto que, según le confesó Zapatero, «no se leía nadie y era un problema entre políticos».

Volver al texto de 1979

Rajoy explicó que durante el debate en la Comisión Parlamentaria defenderán que la soberanía «corresponde al conjunto del pueblo español», apelarán al respeto a la Constitución y a la preservación de la igualdad entre los ciudadanos y también, que se garantice su libertad y se elimine el intervencionismo económico en el texto. En definitiva, el eje central de los populares en ese debate será volver, en muchos de sus puntos, como el de la lengua, al Estatuto de 1979, salvo que el texto se quiera tramitar como una reforma constitucional, que fue su petición durante la toma en consideración del texto. «Supongo que lo cómodo es callar y entrar en el ambiente» sugirió Rajoy, aunque a continuación mostró su indignación ante hechos como el de la imposibilidad de recibir clases en español en las escuelas públicas de Cataluña. «Es que ni en el franquismo» denunció para recordar que en los años del desarrollismo económico había muchos establecimientos públicos en la costa donde no se hablaba en castellano y sí en inglés o alemán.
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A ver, a mi particularmente no me gustan casi ningún punto del Estatut, la verdad es que tampoco me he leído las mil y pico de páginas que tiene. Pero ¿Que tienen que ver los españoles en todo esto? ¿Y los del norte?
 
Me parece patetico que un partido político este usando este tipo de armas para convencer a la población que el partido que gobierno actual no es competente.
 
Puede que no lo sea, pero y ellos, ¿es normal la manera de hacer de esta gente? ¿Es el ejemplo que tenemos que seguir todos?
 
La verdad es que no me extraña que el mundo vaya mal. Si los que representan al pueblo ya son nefastos, insensatos, mediocres entre otras, ¿Que podemos esperar de la población?
 
Yo no me siento identificada en nada con esta gente, que lo único que busca e ssu propio beneficio.
 
Lo que tendrían que hacer es ser respetuosos y colaborar en la mejora del pueblo que se supone que es el fin de todos los partidos políticos y no intentar boicotear al partido que está ahora.
 
Que limpien su propia mierda y luego que intenten limpiar la de los demás. Por cierto: ¿Cuando devolverán las empresas publicas que se han quedado?
 
He leído una opinión que debo publicar aquí por que estoy deacuerdo al 100% en lo que dice. Javier Perez Royo comenta en el Periodico de Catalunya lo siguiente:
 
"No se puede desconocer que el PP se encontraba en una posición objetivamente muy difícil en el proceso de reforma estatutario catalán, ya que su concurso no era imprescindible para que tal reforma prosperara. Un partido que acababa de ser el Gobierno de España durante dos legislaturas consecutivas estaba en una posición marginal en la operación político-constitucional de más calado desde los pactos autonómicos de 1981. Pasar de una situación en la que sin el PP no se podía decidir nada a otra en la que el PP no podía evitar que los demás partidos decidieran lo que les pareciera oportuno sobre un tema tan crucial como es la definición de la inserción de Catalunya en el Estado, tenía que ser sumamente difícil de gestionar para unos dirigentes acostumbrados no sólo a gobernar, sino a mandar.
Pero ésa es la realidad con la que la dirección del PP tenía que enfrentarse. El PP no disponía de minoría de bloqueo en el proceso de reforma del Estatut, porque el cuerpo electoral catalán no había querido que la tuviera. Una vez que había perdido la mayoría parlamentaria en el Congreso no tenía posibilidad alguna de compensar su posición marginal en el Parlament. Era una consecuencia insoslayable del juego conjunto del principio de legitimación democrática del poder en Catalunya y en España.
En estas circunstancias, a la dirección del PP no le quedaba más salida que hacer de necesidad virtud e intentar incidir en el proceso de reforma estatutaria catalán de la manera que le fuera posible, pues la aritmética parlamentaria catalana y española le impedían jugar el papel de árbitro que pretendía autoatribuirse. En los cuatro años de la legislatura en los que la reforma iba a ser tramitada, no había posibilidad alguna de que la situación pudiera ser diferente. La dirección del PP no tenía más que dos opciones: o la del adulto que acepta la realidad, aunque no le guste y pretenda actuar sobre ella para cambiarla, o la infantil de negarse a hacerlo.

Y AUNQUE parezca increíble, ha sido esta última la que la dirección del PP ha hecho suya. Los resultados están a la vista, aunque todavía le queda por pasar lo peor. La reforma estatutaria se está tramitando de una manera escrupulosamente constitucional. Se elaboró la proposición de ley por el Parlament, se sometió al dictamen del Consell Consultiu y fue aprobada por la mayoría supercualificada que el Estatut exige. Se remitió al Congreso, cuya Mesa, tras los informes pertinentes de los servicios jurídicos de la Cámara, le dio la tramitación prevista en el Reglamento. Se ha celebrado el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso y a continuación se abrió el plazo para la presentación de los "motivos de desacuerdo", previstos en el artículo 137.1 del Reglamento del Congreso. Ahora mismo se está a punto de entrar en la fase de negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso y la Delegación del Parlament prevista en los artículos 138 a 143. Si hay acuerdo, se someterá a referendo de los ciudadanos de Catalunya y, si es aprobado el texto, será posteriormente ratificado como ley orgánica por las Cortes Generales.
La dirección del PP se ha marginado de este proceso. Una vez aprobado por el Parlament el proyecto de ley de reforma, ha intentado que fuera sometido a dictamen del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo General del Poder Judicial, vulnerando la regla de oro de toda democracia digna de tal nombre de que ningún órgano consultivo puede manifestarse sobre la voluntad parlamentaria una vez expresada. Ha intentado impedir que la Mesa del Congreso le diera la tramitación parlamentaria exigida por la Constitución, el Estatut y el Reglamento de la Cámara. Se opuso a su toma en consideración. Ha presentado "enmiendas" y no "motivos de desacuerdo", desconociendo la naturaleza jurídica de un Estatuto del artículo 151 de la Constitución, como es el catalán, y automarginándose, como consecuencia de ello, de la negociación que está a punto de abrirse. Ha anunciado que va a ejercer la iniciativa legislativa popular para solicitar la convocatoria de un referendo sobre el texto que acabe siendo aprobado, sin reparar en que esa iniciativa es completamente anticonstitucional. Pretextando actuar en defensa de la Constitución, el PP no ha hecho otra cosa que vulnerarla desde que el Parlament aprobó el proyecto.

NEGARSE A aceptar la realidad no puede conducir a ninguna parte. El Estatut va a ser reformado y pasará a formar parte del bloque de constitucionalidad que define la estructura del Estado. Dicho bloque no va a poder ser reformado unilateralmente por el PP en ningún caso. Tanto si lo vota como si no, va a tener que hacer política dentro del marco que dicho bloque de constitucionalidad define. Y la evidencia empírica de que disponemos indica que ningún partido puede aspirar a gobernar un Estado si no acepta la estructura territorial del mismo.
Es verdad que a la dirección del PP le queda todavía la carta de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut una vez que haya sido promulgado como ley orgánica. Pero ¿qué ocurriría si el Tribunal Constitucional no estima el recurso y declara que el Estatut se ajusta a la Constitución? ¿En qué posición quedaría el PP? A partir de ese momento, ¿con qué legitimidad podría dirigirse a los ciudadanos no ya para pedirles el voto, sino para decirles algo?
El error que está cometiendo la dirección del PP no sólo está poniendo en peligro su propia supervivencia como dirección del partido, sino que puede poner en peligro la supervivencia del partido en cuanto tal. No es la supervivencia política de Rajoy, Zaplana o Acebes lo que puede estar en juego, sino la del PP como expresión política de la derecha española."

 
 
 
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